Familiares de detenidos desaparecidos exigieron aplicar un «cambio radical» en el Servicio Médico Legal (SML), después de que se conociera que guardó en condiciones deplorables 89 cajas con huesos humanos sin identificar, que posiblemente pertenecen a víctimas de tortura.
Una demanda a la que se sumaron funcionarios del SML y del Ministerio de Justicia, que en declaraciones a EFE admitieron que las carencias y la politización del mismo suponen un obstáculo.
Según publicó en febrero el medio de investigación Ciper, las cajas estuvieron en posesión de la Universidad de Chile desde 2001 en un sótano que sufrió una inundación en 2014 y que contaminó los restos con hongos y humedad.
Las cajas pasaron cinco años después al poder del SML, que no mejoró las condiciones ni emprendió desde entonces el proceso y la tarea de identificación de los mismos, denunció el medio.
«No nos explicamos qué pasó. Tenemos impotencia. Son 22 años que no nos avisaron nada, aparecieron las cajas en el 2019 y nos vienen a decir ahora. Como familiares teníamos el derecho a saber», dijo a Efe la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Calama, Violeta Berríos, de 85 años.
Calama, una de las localidades por las que pasó «la Caravana de la Muerte» escasos días después del golpe de Estado, es una de las más sacudidas por la noticia, ya que en algunas de las cajas está escrito el nombre de poblaciones vecinas donde han sido hallados restos de víctimas.
«NECESIDAD URGENTE DE REESTRUCTURACIÓN»
Para las agrupaciones no basta con esclarecer la situación de las cajas a nivel administrativo, sino que apuntan a un cambio más profundo que incluya la depuración de responsabilidades políticas.
«Somos conscientes que allí hay personas que tienen un compromiso y son buenos profesionales, pero la institucionalidad falla. Esto tiene que ver con responsabilidades en términos políticos, no se puede interpretar de otra manera el hecho de que 89 cajas estén desde 2019, sin que se informe a los posibles familiares que están esos restos ahí. Es inconcebible», dijo a Efe el presidente de la agrupación de familiares de Copiapó, Rodolfo Villarroel.
«De la forma en que funciona hoy, no da garantías en absoluto de tener con prontitud resultados de peritajes de identificación y búsquedas de detenidos desparecidos en Chile. De ahí planteamos la necesidad urgente de su reestructuración, creemos que dentro de sus funcionamiento, la cantidad de personas que existen en el SML no es la suficiente para desarrollar un trabajo objetivo, veraz y que tenga buenos resultados», enfatizó.
CRISIS EN MÚLTIPLES FRENTES
Responsables del SML y del Ministerio de Justicia que hablaron con EFE con la condición de que se protegiera su anonimato reconocen que la situación es crítica.
En el seno del SML, estos funcionarios acusan no solo falta de recursos y personal, sino que también un déficit en especialización y un sometimiento del ritmo de trabajo a la voluntad de los gobiernos de turno.
En ese sentido, apuntan a la necesidad de desligarse de los vaivenes gubernamentales y transformarse en un «servicio autónomo», con mayores recursos humanos y económicos y un diseño que permita garantizar «prontitud, minuciosidad y competencia» en las tareas que descansan sobre este organismo.