El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), José Miguel Benavente, defendió este jueves los traspasos extraordinarios por 3,4 billones (millones de millones) de pesos que -a solicitud del Ministerio de Hacienda- se llevaron a cabo en 2023 desde esa agencia al Tesoro Público y negó que haya habido «pérdidas de capital» tras la liquidación de inversiones que se realizó para efectuar las transferencias.
Al respecto, la autoridad afirmó en un comunicado que «el alza histórica de los precios del litio registrada en los años 2022 y 2023 generó ingresos excepcionales tanto para Corfo (por los pagos que realizan las empresas que explotan el Salar de Atacama) como para el Tesoro Público (por concepto de impuestos)».
«Los traspasos solicitados por el Ministerio de Hacienda en el marco de sus atribuciones legales afectan solo una parte de dichos ingresos extraordinarios. Estos fueron debidamente aprobados por el Consejo de Corporación y se llevaron a efecto conforme a la normativa vigente«, señaló Benavente.
El vicepresidente de Corfo aseveró que «la liquidación de inversiones que fue necesaria para cumplir con las mencionadas transferencias se realizó de manera gradual y estratégica, según acordó el Consejo de la Corporación. Esto permitió evitar pérdidas de capital en dichas operaciones, atendiendo con ello las preocupaciones que hizo presente esta administración ante el Consejo, cumpliendo debidamente con el deber de resguardar el patrimonio de la institución».
Agregó que «una vez efectuadas estas transferencias al cierre del ejercicio 2024, el patrimonio de Corfo destinado a inversiones en el mercado financiero supera los US$ 1.500 millones y se mantiene en niveles muy superiores a los que se registraban al asumir este gobierno (US$ 160 millones)».
Dijo también que «los antecedentes y análisis que condujeron a estas decisiones están debidamente recogidos en las actas del Consejo, que tienen carácter público, y en las que se expresan la distintas posiciones y argumentos de quienes participaron en las sesiones correspondientes».
Benavente -según el reportaje de The Clinic que desató la polémica- se abstuvo de aprobar los traspasos en cuestión, argumentando que su deber era resguardar el patrimonio de la Corporación.
«Corresponde a quien ocupa el cargo de Vicepresidente Ejecutivo resguardar, procurar hacer crecer y utilizar siempre de la manera más eficiente y eficaz posible el patrimonio de la Corfo para los fines propios de la Corporación, sin que ello implique, en ningún caso, desconocer las atribuciones legales o las legítimas preocupaciones que puedan orientar la actuación de otras autoridades de gobierno», cierra la declaración pública conocida esta jornada.
El caso
Según el aludido reportaje de The Clinic, la cartera que encabeza el ministro Mario Marcel requirió seis transferencias que sumaron un total de 3.426.693.555.220 pesos, equivalentes al 4,5% del entonces Presupuesto anual.
Una parte de esos recursos provino de los excedentes generados por la explotación del litio, gracias a los contratos por la explotación del Salar de Atacama, pero en noviembre de 2023 el Ejecutivo pidió un nuevo traspaso por 1.500 millones de dólares, que se consiguieron con la venta de activos financieros de Corfo.
En las actas de la corporación revisadas por el mencionado medio consta que el ministro de Hacienda argumentó que los recursos eran necesarios porque estaba «copado el nivel de endeudamiento» de ese año y, por ello, «no es posible sostener la caja a través de la emisión de deuda».
El vicepresidente ejecutivo de Corfo se abstuvo de aprobar ese traspaso argumentando que su deber era resguardar el patrimonio de la corporación.
Desde la UDI y el Partido Republicano anunciaron -por separado- que solicitarán crear una comisión investigadora por lo que el reportaje calificó como «desconocidos traspasos de Corfo al Gobierno» y que abrió un nuevo flanco a Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, ya cuestionados por la oposición a raíz del incumplimiento de las proyecciones de recaudación fiscal y otros desajustes.
En tanto, Hacienda afirmó en un comunicado que lo expuesto «no sólo no son ‘desconocidos'», sino que «no constituyen una acción por fuera del marco legal», explicando que «la solicitud de integrar al Tesoro Público recursos provenientes de las rentas del litio se sustenta en las atribuciones generales del ministerio, además que sigue la lógica de los lineamientos de la regla de Balance Estructural que guía la política fiscal de Chile hace más de dos décadas».
«Irresponsabilidad fiscal no ha habido en ningún caso», complementó Nicolás Grau, ministro de Economía -cartera de la cual depende Corfo-, quien defendió que los recursos contribuyeron a diversas urgencias sociales, incluyendo vehículos para Carabineros, metas en materia de viviendas sociales, listas de espera y Copago Cero.
A través de un comunicado, la Contraloría General de la República (CGR) anunció que abrió una investigación especial para indagar una «eventual afectación patrimonial» de Corfo y el «destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos».