Gendarmería advirtió que supone un «alto riesgo» que permanezcan presos en la Cárcel de Rancagua 23 de los 28 imputados de la organización criminal que -el 16 de agosto- protagonizó un multimillonario robo a una sucursal de la empresa de valores Brinks en la capital de la Región de O’Higgins.
A raíz de la alerta de la institución penitenciaria, la Fiscalía Regional solicitó -sin éxito- al Juzgado de Garantía rancagüino que autorizara el traslado de los investigados, que se encuentran en prisión preventiva, a otros penales del país.
«El riesgo es bastante alto. Gendarmería está tratando de resguardar no solo a los internos de la causa, sino que también el resto de los internos, también la seguridad propia y el control de la cárcel», dijo el fiscal Carlos Fuentes, jefe regional de Análisis Criminal.
El persecutor subrayó que, «como (los imputados) son una asociación criminal, el riesgo es que ellos tomen el control de los módulos».
«¿Qué implica eso? Cuando una organización criminal toma el control de los módulos, empieza a ocurrir lo que se denomina una ‘paz interna’, es decir, nadie pelea, nadie discute porque ya está tomado. Las primeras señales (ocurren) cuando no pasa nada, (y el motivo) es porque algo está pasando. Ahí comienza el tráfico, la posibilidad de corrupción a funcionarios de Gendarmería, y eso es lo que quieren evitar», expuso.
Por su parte, la abogada particular María Paz Aguilera, que defiende a cinco de los encausados, argumentó que «la principal motivación» para que no se muevan de la cárcel rancagüina «es que nuestros representados se mantengan en el lugar donde tienen el arraigo, tienen sus redes familiares, porque es el núcleo fundamental de las disposiciones que se establecen en el régimen penitenciario, que ellos estén cerca de sus redes de apoyo».
También «son todos padres de familia, con hijos en etapa de crecimiento y educación, por lo tanto, esa era nuestra razón principal en el ámbito humano», remarcó.
En ese contexto, la jurista relevó que, para resolver la solicitud de la Fiscalía, «el tribunal consideró que había una falta de fundamentación, aparte que faltaba un documento técnico».
Además, la defensa solicitó una audiencia para discutir la competencia del tribunal para albergar este caso, la que se desarrollará el próximo 28 de noviembre a las 09:30 horas.
Por su parte, la Fiscalía sostiene en que el atraco, tras el cual han sido recuperados apenas 200 millones de los cerca de 12 mil millones de pesos robados, fue planificado al interior de la Cárcel de Rancagua.
De los 28 imputados, otros cinco corresponden a carabineros que fueron dados de baja tras conocerse su implicación, y cumplen prisión preventiva el anexo cárcel de la Subcomisaría Pudahuel Norte, en la Región Metropolitana.