A tres años del hecho, el 12 de noviembre se iniciará el juicio en contra de tres posibles responsables del fatal ataque de un tigre en el «Parque Safari» de Rancagua en contra de Catalina Torres, joven de 21 años que trabajaba en el recinto.
Se tratará de un juicio oral simplificado que se extenderá por cuatro días y en el que participarán 60 testigos.
El fiscal Maximiliano Mariángel rechaza la tesis de defensa, que apunta al actuar imprudente de la joven.
«Desde el primer día se intenta culpar del resultado a la propia víctima y en este caso la investigación es clara, aquí hubo una negligencia, una infracción. De hecho, también se incorpora como testigo a personal del SAG que efectúa un informe, a personal de la ACHS, de la Dirección del Trabajo, que determinaron que aquí hubo una falta a los reglamentos de seguridad, porque más allá de que efectivamente ella estaba al interior de la jaula, pero era porque ella tenía que cumplir una función que dispusieron sus jefaturas, no de voluntad propia, sino que era su trabajo», destacó el persecutor.
Zara Ibarra, madre de la víctima, rechazó la tesis de la defensa de los principales acusados: «Siempre han dicho que ella hizo una acción temeraria, del primer día, siempre la han desacreditado, y resulta que no fue así. ¿Cómo va a tener llaves ella? ¿De dónde las sacó? Alguien se las pasó, porque la citaron».
«Pero yo lo voy a demostrar, de que mi hija no fue negligente. Porque aquí si ellos hubieran dicho ‘perdón, nos equivocamos’, a lo mejor ni si quiera habríamos llegado aquí. Pero esto tiene que cambiar para todos los parques zoológicos, tiene que haber más protocolo, más inducción, y que la muerte de mi hija no sea en vano, para eso estoy luchando, para que cambien las medidas», agregó.
Los acusados son el dueño del recinto, Iván Sánchez, su hijo -en calidad de gerente de operaciones- Pablo Sánchez y la veterinaria Valeria Olmo, a quienes se les imputa un cuasidelito de homicidio por la presunta negligencia y responsabilidad en este fatal hecho.
Fiscalía pide penas de 540 días para todos los imputados, quienes no admitieron su presunta responsabilidad en el hecho, cuando se les ofreció la realización de un juicio abreviado en agosto.